El Gobierno no descarta una aplicación «gradual» del 155 para mitigar la reacción en la calle

Entre los escenarios que maneja el Gobierno de Mariano Rajoy de cara a la activación del 155 está el de que su aplicación sea «gradual» y progresiva, en función de cómo se desarrolle la respuesta en Cataluña. Esto es, fundamentalmente, la reacción del propio Govern y, sobre todo, de la movilización callejera del independentismo. Un asunto, éste último, que preocupa especialmente en medios del Ejecutivo y también de la dirección del Partido Popular.

Consumado el primer plazo del requerimiento a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia -con una respuesta «deliberadamente confusa», en interpretación del Gobierno- la fecha clave es el próximo jueves. Porque si entonces -a las diez de la mañana- el presidente catalán no ha rectificado, el mecanismo del 155 se pondrá en marcha.

El artículo confiere una enorme discrecionalidad al Ejecutivo para decidir las medidas que aplica y que, según fuentes gubernamentales, pasan por el control de los Mossos, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones.

Un plan calculado al milímetro

Soluciones que, desde hace meses, están sobre la mesa del presidente, y que dependerían de un plan de aplicación milimétricamente calculado para optimizar los resultados.

Así, las decisiones, se comenta en medios internos, no tendrían por qué producirse «a la vez», sino de forma paulatina. «Primero los mossos, después Educación… incluso dentro de una misma competencia, podrían darse de manera progresiva», calculan. Cada decisión, eso sí, debería pasar por el correspondiente trámite del Senado, ya que el propio procedimiento del 155 es complejo. Cuando Rajoy solicite las medidas que considere oportunas para restablecer el orden constitucional en Cataluña, deberá presentar a la Cámara Alta un plan detallado con las decisiones que pretenda implementar, y en el que debe manifestarse «el contenido y alcance de las medidas propuestas».

Una vez recibida esta documentación del Ejecutivo, la Comisión a cargo del procedimiento ofrecerá al presidente catalán la posibilidad de remitir, en un plazo determinado, las alegaciones que considere pertinentes, y designe, sí así lo ve conveniente, un representante. Tras ello, la Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación de la solicitud, «con los condicionamientos o modificaciones» pertinentes y se someterá a la votación del Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta. 

La Policía preparada en la calle

La activación del 155 representa un escenario inédito, y también con muchos riesgos, según se reconoce en la dirección del PP. Y aunque el margen de actuación del Gobierno en Cataluña es amplio, la respuesta política y social del independentismo resulta impredecible.

Con conocimiento de causa se teme una movilización social en la calle alentada por los sectores más reaccionarios. No en vano, desde hace semanas, la Policía y la Guardia Civil están preparados para intervenir  en previsión de las órdenes que desde los sectores más radicales se hagan llegar a sus militantes, muy decepcionados con la suspensión de la  independencia.

El momento clave, coinciden, será el jueves, cuando Puigdemont dé un nuevo portazo al requerimiento del Gobierno. En estos días, los llamados Comités de Defensa de la República -antes Comités de Defensa del Referéndum- han venido convocando distintas reuniones para definir la futura hoja de ruta y forzar al presidente catalán a declarar de forma taxativa la independencia. La agitación social es su herramienta, señalan. Y entre las fórmulas figuran desde la ocupación de la calle hasta el «control del territorio», mediante la toma de puertos y aeropuertos. La ANC, por su parte, ha anunciado «paros masivos» en previsión de los próximos pasos del Ejecutivo.

Desde hace tiempo, ese «control de la calle» preocupa especialmente al presidente. De ahí, señalan en la dirección del PP, que la toma de decisiones haya seguido un ritmo escrupuloso. En ocasiones, se reconoce también, exasperante.

155: de «demonizado» a «urgente»

Pero, llegados a este punto, con la activación del 155 en ciernes, reconocen la estrategia: que sean los propios independentistas los que, de alguna manera, ‘fuercen’ la activación de medidas excepcionales.

«El artículo que antes se demonizaba ahora se ve como absolutamente necesario y urgente», se celebra en los mismos medios. Así, señalan, por ejemplo, el cambio de postura del propio Albert Rivera, antes mucho más reacio a una aplicación que ahora reclama con insistencia. «Pero una cosa es estar en la oposición y otra estar en el Gobierno», reconocen en las mismas fuentes, sobre los «pies de plomo» que exige la activación de esa medida.

El  mensaje que ahora quiere destacar el Gobierno es que la aplicación del 155 «no implica la suspensión del autogobierno sino la restauración de la legalidad en la autonomía». Un mensaje dirigido a convencer a los aún escépticos con la medida.

En estos días, hasta el jueves, el Ejecutivo seguirá la táctica de la «prudencia» e insistirá en el llamamiento a Puigdemont para que regrese a la legalidad constitucional y del propio Estatuto de Autonomía.

El propio Rajoy, en su respuesta a la carta del presidente catalán, le recordó que aún tiene la oportunidad de responder «con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere» sobre si la independencia está o no declarada.

En caso de que Puigdemont recule, y vuelve «a la legalidad», no habrá aplicación del artículo 155. En el Gobierno, claro está, no son optimistas. La previsión es que el dirigente independentista siga el mismo patrón el jueves, y responda de nuevo con ambigüedades.

Entonces, el plan del Ejecutivo es éste:  intervendrá la Generalitat, destituirá todos los miembros del Govern (Carles Puigdemont y todos sus consellers están imputados por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional), disolverá el Parlament y convocará nuevas elecciones autonómicas.

La presidencia de la Generalitat será asumida de forma accidental por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, sólo durante el tiempo necesario para celebrar nuevas elecciones: 54 días desde que se publica su convocatoria, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral y durante ese tiempo, cada una de las Consejerías de la Generalitat será gestionada desde los correspondientes Ministerios. El Ejecutivo estudia, además, formar un ‘gobierno’ de perfil técnico que sustituya al autonómico.

¿Cuándo se activará el 155?

Este jueves, el presidente del Gobierno viajará a Bruselas, para participar en la tradicional cumbre de otoño, y regresará, en principio, el viernes por la tarde.

En fuentes del Ejecutivo no se descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario en la misma mañana del jueves, una vez se reciba la respuesta de Carles Puigdemont, para poner en marcha ya el artículo 155. El del viernes, estará presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.